Los investigadores y científicos del país podrán asociarse de forma privada con empresas para obtener, algún tipo de apoyo con el objetivo de que no interrumpan sus casos de estudio o investigaciones.

El IMSS e ISSSTE mejorarán tiempos de atención.

El Presidente Peña Nieto reconoció la labor de los científicos e investigadores del país. (FOTO: códigoF)

El presidente Enrique Peña Nieto promulgó el 8 de diciembre de 2015 un decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de y y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; en el mismo se establecen las reformas a los artículos 40 Bis y 51 de dichas leyes.

El jefe del Ejecutivo aseguró que estas modificaciones buscan impulsar el desarrollo de la ciencia y tecnología en el país.

“Esto motiva e incentiva el trabajo de nuestros investigadores, quienes podrán relacionarse y tener beneficios personales con la vinculación y los trabajos de que hagan con el sector social, privado y con instituciones del sector público”, declaró entonces Peña Nieto.

El mandatario reconoció el apoyo que obtienen de instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (), a través del programa de cátedras para apoyar la labor científica.

 

En lo que va de la presente administración, la inversión en ciencia y tecnología asciende a los 239 mil millones para investigación.

 

En lo que va de la presente administración, la inversión en ciencia y tecnología, abundó Peña Nieto, asciende a los 239 mil millones para investigación, y se ha aprobado un monto de 91,650 millones de pesos para el 2016, “lo cual significa un incremento en la inversión destinada a investigación, al desarrollo tecnológico”, apuntó.

Se han creado también 800 plazas asignadas a 112 instituciones de investigación a través del Programa de Cátedras de CONACYT para jóvenes investigadores, y se han diseñado agendas estatales de innovación, “que promuevan investigación sobre lo que ellos tienen, y pueda esa investigación apuntalar al desarrollo específico de las diferentes entidades de nuestro país”, dijo el mandatario.

De acuerdo al Diario Oficial de la Federación, el artículo 40 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología, quedó de la siguiente manera:

“Las instituciones de educación, los Centros Públicos de Investigación y las entidades de la administración pública que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, podrán crear unidades de vinculación y transferencia de conocimiento en las cuales se incorporarán los desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en los mismos, así como del personal de dichas instituciones de educación, centros y entidades”.

Sin embargo, en el tercer párrafo se hace un llamado a que los recursos públicos de los Centros Públicos de Investigación no se destinen para el gasto operativo.

A la letra dice:

“Las unidades a que se refiere este artículo, en ningún caso podrán financiar su gasto de operación con recursos públicos. Los recursos públicos que, en términos de esta Ley, reciban las unidades deberán destinarse exclusivamente a generar y ejecutar proyectos en materia de desarrollo tecnológico e innovación y a promover su vinculación con los sectores de actividad económica”.

 

México se ha posicionado en el lugar 57 en el ranking de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; esto quiere decir que ha escalado 22 posiciones en los tres años de gobierno de la presente administración.

“El mundo está evaluando y reconociendo el esfuerzo que México está haciendo en esta importante asignatura”, subrayó el presidente de la república.

 

La inversión en investigación y desarrollo (I+D) en México casi se duplicó entre 2007 y 2013, según datos de la .

 

Según cifras de la Cámara Nacional de la (Canifarma), la inversión en investigación y desarrollo (I+D) casi se duplicó entre 2007 y 2013, al pasar de 2,835 mdp a 5,403 mdp, respectivamente.

Laboratorio

Con las modificaciones a dos Leyes se abre la posibilidad de que la IP se involucre en la Ciencia y Tecnología públicas. (FOTO: códigoF)

La inversión en I+D que realizó la Industria Farmacéutica como proporción de sus ventas en 2011 fue de 3.5%, mientras que la inversión que hizo nuestro país en la misma área durante ese año, como proporción del PIB, fue de 0.42%.

Respecto al Artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, se hace referencia a las asociaciones o alianzas de los centros de investigación pública con la iniciativa privada.

Este artículo refiere textualmente:

“Las instituciones de educación, los Centros Públicos de Investigación y las entidades de la administración pública que realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación promoverán conjuntamente con los sectores público y privado la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, nuevas empresas privadas de base tecnológica y redes regionales de innovación en las cuales se incorporarán los desarrollos tecnológicos e innovaciones realizadas en dichas instituciones de educación, Centros y entidades, así como de los investigadores, académicos y personal especializado adscritos a la institución, Centro o entidad, que participen en la parte sustantiva del proyecto”.

 

El artículo 51 consta de dos incisos que detallan la forma en la que podrán participar los Centros Públicos de Investigación con la iniciativa privada.

 

Los Centros Públicos de Investigación no podrán contribuir en más del 49% en proyectos con la Iniciativa Privada.

 

Entre las restricciones que se establecen durante el desarrollo de las estrategias o asociaciones de inversión, se encuentra la relativa al límite de participación total de los Centros Públicos de Investigación, cuya cifra de contribución no deberá exceder 49%.

También se destaca la participación de los órganos de gobierno de las instituciones que colaboren en las asociaciones. Serán éstos o su equivalente quienes decidan aspectos como la viabilidad de los proyectos, derechos de propiedad intelectual e industrial y participación de personal y recursos humanos en los proyectos.

El segundo inciso, señala lo siguiente:

 

“Asimismo, los órganos de gobierno de las instituciones, centros y entidades podrán establecer apoyos y criterios conforme a los cuales el personal de los mismos pueda realizar la incubación de empresas tecnológicas de innovación en coordinación con la propia institución, centro o entidad, según corresponda y, en su caso, con terceros.

Ciencia y Tecnología pública

Los proyectos en los que se puedan involucrar los Centros de Investigación Pública serán evaludos por los órganos de gobierno de cada institución. (FOTO: códigoF)

Los términos, requisitos y criterios a los que se refiere esta fracción serán establecidos por los órganos de gobierno o el equivalente de las instituciones de educación, centros y entidades mediante normas generales que deberán expedir al efecto. Estas medidas tienen el objetivo de evitar que el personal incurra en el conflicto de intereses al que se refieren las disposiciones aplicables en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos.

Los órganos de gobierno o su equivalente también determinarán lo relativo a los derechos de propiedad intelectual y los beneficios que correspondan a instituciones de educación, centros y entidades en relación a lo dispuesto en este artículo.

Para promover la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e industrial de las instituciones, centros y entidades, los órganos de gobierno o su equivalente aprobarán los lineamientos que permitan otorgar a los investigadores, académicos y personal especializado que los haya generado hasta 70% de las regalías que se generen“.

 

Ante este panorama, la Industria Farmacéutica apostará por un mayor acercamiento con los centros de estudios, con la investigación y con los científicos.

El sector farmacéutico ha demostrado su legítimo interés en apoyar la ciencia y tecnología, principalmente si ésta proviene de investigadores nacionales.

La Industria Farmacéutica invirtió en el país más de 36 mil millones de pesos en el 2014, lo que significó un crecimiento de 4% en comparación con 2013.

Para consultar los detalles de las modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, visitar la página del Diario Oficial de la Federación.