Hace algunos días publicamos en códigoF la noticia de que México ocupa el primer lugar en Latinoamérica como exportador de dispositivos médicos, actividad que alcanzó la cifra récord de 15 mil 220 millones de dólares americanos.
En este segmento de negocios, México ocupa la tercera posición como exportador a nivel mundial de agujas tubulares de sutura y la cuarta como exportador de instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología, veterinaria, jeringas, catéteres, cánulas e instrumentos similares.
Al respecto, la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó que durante el periodo comprendido entre los años 2011 y 2017 lleva asegurados más de 9.5 millones de dispositivos médicos irregulares, los que ingresaron a nuestro país sin cumplir cabalmente con la normatividad establecida por las autoridades sanitarias para su correcta comercialización.
Durante los primeros días de noviembre de este año, el organismo federal aseguró en el estado de Morelos, 56 mil 860 piezas de dispositivos médicos ilegales, entre los que destacan: tornillos y clavos de titanio y acero, placas de 3.5 y 4.5 milímetros para fémur y tibia, prótesis, fijadores, complementos, pinzas cortadoras e instrumental médico, los que incumplían con la trazabilidad indispensable para garantizar el buen funcionamiento de los implantes y la absoluta seguridad para los pacientes.
Es interesante anotar que la inspección realizada a esta empresa, se derivó de una denuncia ciudadana, lo que comprueba la importancia de la colaboración entre la sociedad y las autoridades, como una alianza virtuosa para prevenir la realización de ilícitos.
Entre las irregularidades detectadas en la empresa, y que concluyeron con el aseguramiento de los artículos, destacan: productos sin etiquetado, registros sanitarios ni fechas de caducidad; carencia de la información del fabricante, importador y distribuidor e incumplimiento de las condiciones necesarias para su correcto almacenamiento y conservación.
Además de que los dispositivos habían sido introducidos ilegalmente en México, las autoridades determinaron que la empresa intervenida, la que sorprendentemente tiene sucursales en los estados de Nuevo León y Jalisco, no tenía aviso de funcionamiento, licencia sanitaria ni certificados de buenas prácticas.