En 2020 el valor de las compras por adjudicación directa supera por primera vez a las realizadas por licitaciones públicas: IMCO.

El uso de las adjudicaciones directas representa un proceso opaco, pues se desconocen los criterios de elección de proveedores. Además, se limita la competencia para beneficio del Estado.

El pasado 28 de abril, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó las conclusiones de un trabajo realizado por el equipo de analistas de su Centro de Investigación en Política Pública, quienes revisaron en profundidad los procedimientos de las compras realizadas por el Gobierno Federal durante 2020.

Encontraron que las diferentes instancias del Gobierno Federal están haciendo uso indiscriminado de los recursos públicos destinados a la adquisición de diversos bienes y servicios, contraviniendo a la Constitución las leyes y lineamientos, logrando que el 43% del monto contratado durante el 2020 se ejerciera a través de adjudicaciones directas. Un monto de 205 mil 195 millones de pesos de los que no se tiene registro.

La información analizada por el IMCO fue obtenida de los datos de contratos descargables de Compranet al 23 de abril de 2021, filtrándola por fecha de inicio y dependencias de la Administración Pública Federal. Para los contratos en monedas extranjeras se utilizaron los tipos de cambio establecidos por el Banco de México y su conversión a pesos mexicanos.

Complementariamente, las compras realizadas por licitaciones públicas representaron un 40%, con lo que, por primera ocasión las adjudicaciones directas (43%) rebasaron en número de procesos y monto asignados a los contratos otorgados mediante concurso abierto.

Las compras realizadas por adjudicación directa representan opacidad en los procesos de selección de proveedores, se elimina la sana competencia, se discrimina a proveedores calificados, afecta el sano desarrollo del libre mercado y promueve la corrupción, ya que la ausencia de criterios objetivos para la selección de contratistas abre la posibilidad para la toma de decisiones fundamentadas en interese privados y convenios ilegítimos.

“Las licitaciones públicas son el procedimiento que más promueve la competencia, ya que al ser concursos con convocatorias abiertas permiten más participantes para encontrar mejor calidad a precios más bajos, en contraste con los procesos donde se limita el número de participantes, como las invitaciones restringidas o las adjudicaciones directas”. IMCO.

Es necesario considerar que nuestra Constitución y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, establecen que las compras públicas deben ser realizadas mediante licitaciones públicas, salvo en casos excepcionales, aunque esa excepcionalidad tampoco excluye a las autoridades de actuar con responsabilidad, probidad y transparencia. La licitación pública es el procedimiento de contratación a través del cual se asegura al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Sin embargo, y durante todo el 2020, casi 1 de cada 2 pesos gastados por el Gobierno federal se contrató por adjudicación directa e invitación restringida. A esto es necesario sumar que, a partir de 2019, no solo 8 de cada 10 contratos se otorgan sin mediar concurso abierto, sino que los mismos obtienen invariablemente una mayor cantidad de recursos asignados, lo que los hace más atractivos. Ante ello, los autores de la investigación aseveran: “Los procedimientos establecidos como la excepción, se han convertido en la regla de contratación del Gobierno federal”.

Un ejemplo de estas compras, fueron las realizadas de fármacos, equipos médicos y demás insumos para la salud requeridos para enfrentar la pandemia de COVID-19, de las que también ha informado el IMCO, se realizaron sin planeación, a sobreprecios y sin contratos marco, debido a que se carecen de lineamientos y protocolos nacionales de ejecución, seguimiento y control de compras de emergencia. El resultado fue que la información de casi 1 de cada 2 compras (45%) para atender el COVID-19, se publicaron de manera extremadamente tardía o no se publicaron.

El detalle de este tema puede leerlo en el siguiente artículo.

Para disminuir la posibilidad de actos de corrupción en el ámbito de las compras públicas, el IMCO propone:

• Reducir y limitar los motivos por los que es posible exceptuar la realización de una licitación pública abierta.
• Generar y publicar de manera clara y oportuna en Compranet, los documentos que detallan y justifican una adjudicación directa.
• Establecer un límite para exceptuar procesos de licitación pública, sin importar la justificación legal para realizarla.
• Impulsar la celebración de contratos marco para insumos de compras recurrentes.
• Priorizar los criterios de calidad y precio en la evaluación de las propuestas, sobre errores de presentación.
• Habilitar un portal de denuncias en Compranet, abierto a cualquier persona, para reportar irregularidades en el proceso, o la ausencia de documentación.
• Rediseñar Compranet, de tal forma que el Gobierno aproveche los datos para detectar riesgos de corrupción.

“Los contratos marco son acuerdos entre uno o varios compradores y uno o varios proveedores que establecen los términos que regirán los contratos por un cierto periodo de tiempo, de manera particular con respecto al precio y cuando sea necesario, a la cantidad prevista. Pueden incluir otras condiciones repetitivas que se conozcan de antemano, como el lugar de entrega. También se les llama contratos de compra general y contratos marco de solicitud de pedidos. Los contratos marco ahorran tiempo y costos en los procesos de suministro de bienes, ya que evitan la necesidad de volver a negociar los términos y condiciones estándar”. Organización de las Naciones Unidas. Guía de implementación de la facilitación del comercio.