El 28 de mayo de 2018 y como producto de un largo proceso de propuestas, se publicó el decreto de la Ley General de Mejora Regulatoria y la derogación de diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Esto permitió crear el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria para “coordinar a las autoridades de todos los órdenes del gobierno para implementar de manera sistematizada y homogénea políticas de mejora de regulaciones y simplificación de trámites y servicios a nivel nacional”.
Esto se pretende lograr mediante la discusión de temas de política pública que requieren acción gubernamental, desarrollo de políticas, regulación de las mismas, rediseño y monitoreo, en caso de ser necesario. Este proceso será posible gracias a la 4C: consulta, coordinación cooperación y comunicación de todos los involucrados en el proceso.
Este sistema abarca más de veinte sectores entre los que se incluyen la agricultura, minería, comercio, los servicios de salud y educativos, las actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia
El 21 de julio se aprobó la Consulta pública para simplificar trámites y mejorar regulaciones del gobierno de México. Dicha consulta estuvo abierta del 22 de julio al 30 de agosto del año en curso; a través de ella los ciudadanos y empresarios tuvieron la posibilidad de emitir recomendaciones para simplificar trámites y mejorar el acervo regulatorio con la finalidad de alcanzar un gobierno más eficiente, con menos costos para la sociedad, menos espacios a la corrupción y mayor crecimiento de las empresas de la mano con los beneficios para la sociedad. Esta consulta abarca 4 700 trámites y 47 000 regulaciones del gobierno de México.
Las propuestas emitidas serán resueltas antes del 27 de septiembre mediante tres opciones debidamente fundamentadas: aceptación de la propuesta, aceptación de la propuesta bajo modificaciones, o no aceptación de la propuesta. Las propuestas que sean aceptadas se incluirán en el proceso de mejora regulatoria de cada dependencia con sus correspondientes reportes periódicos para evaluar y monitorear el cumplimiento de acciones de mejora y regulación por parte de los órganos internos del Control de la Secretaría de la Función Pública.
La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) también participó en el proceso de la creación de grupos de trabajo los cuales han emitido opiniones acerca de los trámites que más impactan a la Industria en materia de Registros, Investigación Clínica, Importaciones y Exportaciones, en los cuales se acordó subir la información a la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria para reforzar la postura y darla a conocer mediante los canales adecuados.
Las dependencias relacionadas de la salud que se vieron involucradas en la recepción de propuestas son, principalmente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Salud. De ellas se destacó la falta de claridad en la resolución, el tiempo que debe destinarse a los trámites y requisitos para realizarlos y la ausencia de modalidad de atención en línea, y en algunos casos, la presencia de corrupción en las dependencias.
Otro punto que destacó en las propuestas fue la baja cantidad de oficinas abiertas para la realización de trámite, que pueden ser de difícil acceso o requieren demasiada movilidad por parte del usuario que, en muchas ocasiones, puede no concretar su trámite por las contradicciones que existen para otorgar el servicio. Algunas de las propuestas son más específicas al destacar la competencia del personal administrativo, la ausencia de control en materia de farmacovigilancia y la pobre dinámica de manejo de los protocolos clínicos, en el caso de COFEPRIS.
Otras dependencias que también se vieron involucradas, aunque en menor medida son el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la Comisión Nacional de Bioética y la Secretaría del Bienestar que además de las problemáticas ya mencionadas, también reciben críticas respecto a sus problemas de inspección en el sistema, contrariedad en los requisitos para la realización de trámites y la ausencia de inclusión de sus aspirantes pese a cumplir con los requisitos establecidos.
Esta consulta en la que no sólo las empresas, sino también los ciudadanos, pudieron involucrarse y tener voz por igual, ha abierto la posibilidad de mejora auténtica enfocada en las problemáticas que realmente aquejan a los usuarios, aquellos que realizan los trámites. Hasta ahora, las propuestas continúan a la espera de una resolución pronta en llegar que determinará el proceder de las dependencias en busca de mejora.