El Fondo de Salud para el Bienestar es una pieza central del financiamiento para la población sin seguridad social. La revisión de su evolución financiera muestra un cambio estructural desde 2020: aumentaron los egresos y disminuyeron las reservas (disponibilidad), mientras persisten vacíos para conocer con precisión el destino final de una parte de los recursos.
Durante años, el fondo destinado a cubrir necesidades de salud de alto costo acumuló recursos de manera sostenida. Esa trayectoria cambió a partir de 2020. El aumento de los egresos y la reducción de la disponibilidad transformaron al Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI) de un vehículo de acumulación patrimonial en un mecanismo de financiamiento activo del sistema público de salud.
El cambio no es menor. En 2019, el Fondo registró una disponibilidad equivalente a 147 mil 730 millones de pesos de 2026, el nivel más alto de la serie revisada. Dos años después, en 2021, sus egresos alcanzaron un máximo histórico de 136 mil 462 millones de pesos constantes. Para el cierre de 2025, la disponibilidad se había reducido a 29 mil 425 millones de pesos, es decir, alrededor de una quinta parte del máximo observado en 2019.
La evolución muestra que los recursos fueron ejercidos en una magnitud considerable; sin embargo, los registros disponibles no permiten reconstruir en todos los casos su destino final ni los resultados sanitarios asociados.
Un fondo con recursos etiquetados para la población sin seguridad social
El FONSABI es un fideicomiso público sin estructura orgánica, constituido en una institución de banca de desarrollo. Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar) funge como fideicomitente y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) como institución fiduciaria.
Desde su creación hasta noviembre de 2019 se le conoció como Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPCG), bajo el esquema del Seguro Popular; posteriormente, con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), hoy extinto, adoptó el nombre de FONSABI.
Su finalidad es administrar y aplicar patrimonio etiquetado para fines de salud expresamente autorizados. Su universo de atención comprende a las instituciones públicas que integran el Sistema de Salud para el Bienestar y que prestan gratuitamente servicios, medicamentos e insumos, principalmente a personas sin afiliación a instituciones de seguridad social.
La arquitectura financiera parte de un esquema solidario entre la Federación y las entidades federativas. De acuerdo con la Ley General de Salud, el Gobierno federal debe destinar anualmente recursos —a través de IMSS-Bienestar— para servicios, medicamentos, insumos, personal, equipamiento e infraestructura. Las entidades, por su parte, aportan recursos conforme a los instrumentos o acuerdos de coordinación celebrados.
A partir de esa base, IMSS-Bienestar canaliza anualmente al Fondo el equivalente a 11% de la suma de las aportaciones federal y estatal. Aunque ambas fuentes intervienen en el cálculo, la Ley establece que ese porcentaje se cubre con cargo a los recursos federales previstos en el artículo 77 Bis 12.
Tres destinos ordinarios y una operación por subcuentas
La Ley General de Salud limita el gasto ordinario del Fondo a tres grandes destinos: la atención de enfermedades de alto costo; la infraestructura y el equipamiento, incluido el mantenimiento urgente y la conservación; y el complemento para el abasto y distribución de medicamentos e insumos, así como el acceso a exámenes clínicos de personas sin seguridad social.
Para administrar esos destinos, el patrimonio se organiza en subcuentas específicas. Entre ellas se encuentran la de Atención de Enfermedades de Alto Costo (SAEAC); la de Atención de Necesidades de Infraestructura y Equipamiento (SANI); la de Abasto, Distribución de Medicamentos y demás Insumos (SADMI); la destinada al Fortalecimiento de Acciones en Materia de Salud (SFAS); y la de Servicios de Salud para el Bienestar (SSESABI).
La SADMI resulta particularmente relevante para el acceso a tecnologías sanitarias: puede complementar la adquisición y distribución de medicamentos e insumos, financiar exámenes clínicos vinculados con intervenciones de alto costo y responder ante demandas extraordinarias o contingencias. Para las acciones ordinarias previstas en sus reglas, el apoyo solicitado no puede superar 20% de los recursos totales disponibles por concepto.
El ejercicio sigue una ruta formal: una institución pública sustenta la solicitud, el Comité Técnico autoriza el monto y la subcuenta, el receptor realiza la contratación correspondiente, el fiduciario transfiere los recursos y, finalmente, se comprueba su aplicación. Las reglas también prevén el reintegro de recursos cuando existe incumplimiento.
Dos etapas en la evolución financiera
La serie de la Cuenta Pública, que hemos expresado en millones de pesos constantes del primer trimestre del 2026, muestra dos periodos claramente diferenciados. Entre 2005 y 2019, los ingresos y rendimientos permitieron una acumulación sostenida. La disponibilidad pasó de 7 mil 989 millones de pesos en 2005 a 147 mil 730 millones en 2019.
A partir de 2020 comenzó una etapa distinta. Ese año los egresos ascendieron a 76 mil 118 millones de pesos; en 2021 llegaron a 136 mil 462 millones; y permanecieron elevados en 2022 y 2023, con 84 mil 580 millones y 62 mil 982 millones, respectivamente. Al mismo tiempo, la disponibilidad descendió a 118 mil 647 millones en 2021, 88 mil 892 millones en 2022, 51 mil 370 millones en 2023 y 34 mil 630 millones en 2024.
La emergencia sanitaria por COVID-19 ofrece un contexto objetivo para entender el uso intensivo del patrimonio durante esos años. No obstante, la coincidencia temporal no basta para asignar por sí sola todos los egresos a la pandemia. Para hacerlo se requeriría información desagregada que vincule montos, destinos, beneficiarios y resultados.
Los datos del primer trimestre de 2026 muestran una disponibilidad de 39 mil 317 millones de pesos, superior a la registrada al cierre de 2025. El dato debe interpretarse con cautela: corresponde únicamente a un trimestre y todavía no permite afirmar que exista una nueva tendencia de recuperación del patrimonio.
El principal pendiente: pasar de la publicidad de datos a la trazabilidad
La información financiera del FONSABI puede consultarse en los datos abiertos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El reto es que la existencia de registros públicos no equivale necesariamente a una rendición de cuentas suficiente.
En varios ejercicios, la descripción del destino de los egresos es general, repetitiva o inexistente. Entre 2021 y 2023, por ejemplo, los registros revisados no aportan una explicación sustantiva del uso de los recursos. En 2024 y 2025 aparece una mayor desagregación, aunque principalmente por fundamento legal y no por intervención, institución receptora, población beneficiaria o resultado sanitario. En 2025 se reportó además un entero a la Tesorería de la Federación cercano a 10.7 mil millones de pesos, un movimiento que amerita explicación accesible y seguimiento.
Esta brecha de información cobra relevancia porque las propias reglas obligan a IMSS-Bienestar, al fiduciario y a los receptores a difundir la información disponible sobre el manejo, la aplicación y los avances físicos y financieros de los recursos. La oportunidad es convertir esa obligación en un sistema de trazabilidad que permita seguir el ciclo completo: origen, autorización, transferencia, contratación, ejercicio, beneficiarios y resultados.
Fuentes y referencias
Ley General de Salud, artículos 77 Bis 8, 77 Bis 11 a 17 y 77 Bis 29.
Reglas de Operación del Fondo de Salud para el Bienestar.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Transparencia Presupuestaria y Cuenta Pública, serie 2005-primer trimestre de 2026.
Cifras financieras expresadas en millones de pesos constantes de 2026 mediante actualización con el INPC del INEGI.
Presentación “FONSABI” y sesión del Subgrupo de Financiamiento de la Comisión de Derecho a la Salud de CANIFARMA, agosto de 2026.
