En palabras de Simón Barquera, director del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), de la Ciudad de México y autor principal del artículo “Treating Obesity Seriously in Mexico: Realizing, Much Too Late, Action Must Be Immediate” (Tratar la obesidad seriamente en México: la comprensión tardía de la necesidad de acción inmediata), publicado el pasado 1 de octubre en la revista Obesity: “México declaró una alerta epidemiológica en 2016 después de darse cuenta, demasiado tarde, de la crítica situación, en la que más del 72% de su población adulta presentaba sobrepeso u obesidad y había alrededor de 100 mil muertes anuales relacionadas con la diabetes”.
Los autores concluyen que las acciones emprendidas por el estado mexicano, las que incluyeron el diseño de un plan nacional contra la obesidad (2010) y la aplicación de un impuesto especial para las bebidas azucaradas (2014), el que consiguió disminuir el consumo de estos productos y aumentar el consumo de agua durante dos años consecutivos, no han sido suficientes para frenar el incremento del peso de su población infantil y adulta.
Las razones para los escasos logros alcanzados por las acciones gubernamentales en contra del sobrepeso y la obesidad pueden resumirse, según los autores del texto, en cuatro palabras: “falta de voluntad política”. Vale la pena anotar que esta laxa voluntad política y la falta de seguimiento a las medidas implementadas, la creación y puesta en marcha de acciones adicionales pertinentes y el endurecimiento de las medidas gubernamentales previamente tomadas se ve obstaculizada por la fuerte presión de la industria de productos chatarra y bebidas azucaradas, entre las que destacan la falta de un etiquetado frontal preciso y claro, la agresiva e insistente publicidad, promoción y venta de productos alimenticios con bajo o nulo valor nutricional (sobre todo para los consumidores infantiles), las que sumadas a los repetidos recortes presupuestales que desde 2013 sufre el sector salud (equivalentes a 5.1 mil millones de pesos acumulados) y la asignación de recursos sanitarios insuficientes (inferiores al 1%) para el desarrollo e implementación de de campañas informativo-motivacionales y de control de la obesidad, no ha logrado lentificar la tendencia del incremento de peso corporal.
“Los fondos destinados a la prevención y el control de la obesidad y la diabetes han sido aún más tristes, ya que nunca han alcanzando el 1% del presupuesto de salud. Esta financiación anual reducida ilustra la falta de voluntad de México para abordar de manera crítica la obesidad y las comorbilidades que la acompañan”.
Por otra parte, los autores del artículo hacen notar que a un gran número de los profesionales de la medicina no se les enseña cómo prescribir una dieta adecuada ni sugerir las modificaciones necesarias en el estilo de vida, lo que ayudaría a prevenir y controlar la obesidad, la diabetes y otras enfermedades no transmisibles.
Sorprende saber que la detección, el diagnóstico y el tratamiento del Índice de Masa Corporal (IMC) no son procedimientos estándar en el ámbito de la atención primaria; la norma para el tratamiento de la obesidad es obsoleta y la misma no incluye sistemáticamente recomendaciones basadas en evidencia o medicamentos aprobados por la Secretaría de Salud, lo que crea confusión entre los profesionales.
Lo que es cierto es que más allá del fracaso estatal en el combate del sobrepeso y la obesidad es impostergable la implementación de medidas en contra de estos problemas, los que cuestan a México un enorme número de vidas e ingentes recursos financieros.
Fuente:
Obesity. A research journal.
Treating Obesity Seriously in Mexico: Realizing, Much Too Late, Action Must Be Immediate. Simon Barquera, Mariel White. Volume 26, issue 10, october 2018. Pages 1530-1531.
