Durante 2022, las instituciones de seguridad social del país IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA y SEMAR no surtieron efectivamente más de 15.2 millones de recetas, impidiendo el derecho a la salud de la población.
El 31 de mayo el colectivo Cero Desabasto, integrado por más de 100 organizaciones, presentó el informe «Radiografía del Desabasto de Medicamentos en México 2022”, la actualización de su informe Radiografía del Desabasto: Informe de Transparencia en Salud 2017-2021.
En este nuevo informe muestran los datos de acceso a medicamentos, vacunas e insumos para la salud en nuestro país, exhibiendo nuevamente, las consecuencias de nuestro fragmentado y segmentado sistema de salud mexicano: durante 2022, más de 15.2 millones de recetas no se surtieron efectivamente en las principales instituciones de seguridad social.
Negarles a las personas su tratamiento, es “una clara vulneración al derecho a la salud de las personas que vivimos en México” menciona el colectivo. Sin embargo, señalan que este número crecería exponencialmente si se sumarán los datos del INSABI, los Servicios Estatales de Salud, el IMSS-Bienestar y los hospitales e institutos de la CCINSHAE.
Cabe mencionar que existen diferencias entre las instituciones de salud de las distintas entidades federativas en cuanto al surtimiento de recetas, por ejemplo, en Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima e Hidalgo se registró un surtimiento completo de recetas inferior al 50%, mientras que, en la Ciudad de México el porcentaje de recetas surtidas completamente fue de 81.1%.
De la misma manera, el derecho a la vacunación es otro pilar fundamental del derecho a la salud que también se ha visto gravemente afectado, en los últimos años se ha observado una disminución en las tasas de cobertura de vacunación. Hablando de cobertura, el informe muestra que, la BCG tuvo una cobertura en 2020 de apenas el 27%; la Hepatitis B presentó una cobertura de 39.4% en 2021; la SRP cobertura de 54% en 2019, previo al brote de sarampión y “falta de aplicación de la vacuna contra el VPH durante 2020 y 2021 debido por un lado al desabasto internacional y por otro a la lenta gestión de las autoridades para su adquisición”, señala el informe.
Aunque si bien, los datos para 2022 muestran una mejora de las coberturas, éstas aún no alcanzan el 100%, lo que es indicativo de que aún hay un gran rezago que atender.
Como consecuencia de este desabasto de medicamentos y ante la necesidad de las personas de contar con sus medicamentos, las quejas de pacientes ante la CNDH por concepto de no surtimiento aumentaron un 36.24% entre 2021 y 2022. El IMSS fue la institución con más quejas registradas, seguida por el ISSSTE y el sistema penitenciario. Las quejas más frecuentes se relacionaron con medicamentos para salud mental, diabetes, parkinson e hipertensión.
Ante el agotamiento de todas las opciones institucionales disponibles para recibir los medicamentos, suministros y vacunas que les corresponden por derecho, miles de personas recurren a asesoramiento legal para obtenerlos, presentando amparos indirectos para garantizar su derecho a la salud, los cuales han tenido un incremento significativo desde el año 2020, alcanzando su máximo en el 2021 y manteniendo su magnitud durante el 2022. Aunque en el informe no se menciona, será necesario analizar posteriormente si este recurso funciona para las personas.
Ante la escasez de medicamentos, la delincuencia ha encontrado una oportunidad para aprovecharlo. Algunas personas o mafias se han dedicado a introducir medicamentos falsificados, robados o ilegales en el mercado, que son consumidos por la desesperación de los pacientes y proveedores de atención médica de obtener los medicamentos que necesitan. Esto se exhibe en el incremento del 142% en las alertas sanitarias emitidas por robo, falsificación o adulteración de medicamentos en comparación con 2021 que registra la COFEPRIS. Las áreas más afectadas por el robo de medicamentos fueron: oncología, gastroenterología, hematología y de uso estético.
Es fundamental que las autoridades garanticen el acceso a medicamentos seguros, de calidad, gratuitos y eficaces para reducir estas prácticas, pues representan una grave amenaza para la salud de la población.