Contexto y Antecedentes
Como sabemos, durante el pasado mes de julio[1], entraron en vigor las Leyes y Ordenamientos que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual sin duda es un parteaguas institucional en la historia moderna de México, equivalente a la creación de una Autoridad Electoral Autónoma o a la instrumentación del Sistema de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos tutelado por el hoy Instituto Nacional de Transparencia (INAI).
Sin duda, el Sistema Nacional Anticorrupción es ante todo la consolidación de un esfuerzo ciudadano con el acompañamiento de la sociedad civil y el sector privado, que busca dar respuesta al reclamo generalizado en contra de la corrupción, ampliamente evidenciada y documentada en los últimos años.
Sin embargo, la efectividad de este Sistema no está garantizada y por lo visto, estamos lejos de lograr la consolidación del mismo, sobre todo tomando en cuenta que aún no se ha logrado el consenso y la voluntad política para nombrar al Fiscal Anticorrupción y a las Salas Especializadas en la Materia que estarán integradas al Tribunal de Justicia Administrativa, el cual dejó de ser Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa gracias a la misma Reforma Anticorrupción. Esto sin contar que tampoco se cuenta con el Fiscal General de la República[2], Instancia que está facultada para perseguir los delitos que a la fecha han surgido por temas de corrupción.
Sin duda el vacío Institucional repercute en el funcionamiento y efectividad deseada por la sociedad respecto del Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo los esfuerzos por parte de la sociedad para contar con sistemas de cumplimiento e integridad no han sido pocos, uno de los más claros ejemplos es la instrumentación hace más de 10 años de los Códigos de Ética de la industria Farmacéutica, tutelados por el Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica (CETIFARMA), los cuales son un referente de cumplimiento, no sólo para la Industria Farmacéutica, sino para todos los sectores en general.
Por todo esto es necesario que el Sector Privado continúe impulsando medidas y programas de cumplimiento e integridad al interior de las organizaciones, de esta manera se disminuye el riesgo de que integrantes de la propia organización se vean involucrados en estos actos. Todos entendemos que para que surja la corrupción es necesario la participación de dos partes.
Situación Actual
Como hemos referido anteriormente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), la cual forma parte del paquete que conforma el Sistema Nacional Anticorrupción, a partir de su artículo 65 señala cuales son aquellas conductas consideradas Faltas Administrativas Graves que pudieran ser cometidas por los particulares, dichas faltas de cometerse, tendrían aparejada una sanción que podría llegar a la disolución de la Sociedad, con independencia de la posibilidad de la persecución de la conducta por la vía penal.
Aunado a lo anterior, ese Ordenamiento establece en su artículo 25, la opción de que los particulares establezcan políticas de integridad al interior de las organizaciones, las cuales podrán ser consideradas al momento de la determinación de la responsabilidad administrativa.
7 Elementos de las políticas de integridad.
- 1. Un manual de organización y procedimientos que sea claro y completo.
- 2. Un código de conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la organización, que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real;
- 3. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoría.
- 4. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior de la organización como hacia las Autoridades competentes
- 5. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad.
- 6. Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la corporación. Estas políticas en ningún caso autorizarán la discriminación de persona alguna motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.
- 7. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de sus intereses
Sumándonos al esfuerzo nacional y bajo la consideración de que CANIFARMA es una Organización que siempre ha difundido la cultura de la integridad y el cumplimiento hacia sus afiliados, contará en breve con su propia política de integridad, la cual abarcará los 7 elementos arriba descritos, situación que nos consolidará como líderes en la difusión de la cultura de la legalidad. Muestra de lo anterior es la reciente distinción que tuvo CANIFARMA al recibir el “Premio Ética y Valores 2017”, por parte de la Confederación de Cámaras Industriales CONCAMIN.
Tan es así, que el día de hoy formamos parte del Grupo de Trabajo Empresarial organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, grupo del que forman parte diversas Organizaciones consideradas referentes y líderes en materia de cumplimiento e integridad, el Grupo cuenta con un acompañamiento constante de la Secretaría de la Función Pública.
Dicho Grupo busca generar un Código de Ética Modelo, así como sus respectivos manuales y guías de instrumentación, el cual será instrumentado al interior de 50 empresas que los mismos sectores aportarán, logrando así impactar de manera directa en las Organizaciones.
Sin lugar a duda, la lucha contra la corrupción debe ser permanente y en constante actualización, por lo que CANIFARMA continuará aportando su experiencia y principios al Sector Industrial.
[1] Conforme al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio del 2016.
[2] Para mayor referencia ver la Reforma al Artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero del 2014.
Alejandro Córdova Motte
Gerente de Seguridad y Abasto
CANIFARMA
Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica