Sesión Especial con el Lic. Jaime Chávez Alor, Titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública. 

Un parteaguas institucional en México

La participación de los ciudadanos en la democratización de nuestro país ha sido muy relevante y destacable; en los últimos treinta años, México ha conseguido gracias a esta participación, avanzar en la consolidación de su democracia, y aunque el proceso ha sido lento y difícil, se han conseguido avances.

Así como en su momento el Instituto Nacional Electoral (INE) y el  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), representaron pasos gigantescos en la consolidación democrática del país, hoy el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) tiene todo el potencial para marcar un antes y después en la manera en que actúa el gobierno y la sociedad en su interacción diaria, sobre todo por ser éste, fruto de las exigencias ciudadanas ante los evidentes casos de corrupción detectados en diversos organismos del gobierno, en cualquiera de sus niveles.

El esfuerzo debe de ser de todos, gobierno y sociedad deben enfocar sus esfuerzos en eliminar todas las prácticas corruptas e ilegales en todos los ámbitos.

La industria farmacéutica afiliada a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA) siempre ha apostado por modelos de autorregulación con políticas enfocadas a actuar de manera ética, transparente, íntegra y con probidad posible. Prueba de ello es la existencia desde hace más de diez años, del Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica (CETIFARMA) y de los Códigos de la Industria Farmacéutica Establecida en México, los cuales impulsan una cultura ética y de cumplimiento de la industria farmacéutica establecida en México con la sociedad.

CANIFARMA ha decidido sumarse a los esfuerzos para combatir la corrupción, integrando en su agenda de trabajo el análisis del nuevo marco normativo, además de adoptar, de manera responsable, una Política de Integridad interna que complemente los esfuerzos llevados a cabo por la industria en más de una década y coadyuve a construir una visión y una cultura de cumplimiento en la sociedad.

El SNA plantea un esfuerzo de largo plazo que cambie la mentalidad, cultura y forma de actuar de todos; sin embargo, también prevé medidas inmediatas en las leyes que integran el sistema, enfocadas en imponer sanciones más fuertes a aquellos funcionarios públicos que cometan conductas consideradas graves y de igual manera, se prevén sanciones para aquellos particulares que incurran en los supuestos establecidos en la ley.

Las Políticas de Integridad en las Empresas

Según la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), la cual entrará en vigor el próximo 19 de julio, junto con el resto del marco normativo del SNA, contempla cuales son las faltas administrativas graves que puede cometer un particular, las cuales son las siguientes:

  1. Soborno
  2. Participación Ilícita en Procedimientos Administrativos.
  3. Tráfico de Influencias.
  4. Utilización de Información Falsa.
  5. Colusión.
  6. Uso Indebido de Recursos Públicos.
  7. Contratación Indebida de ex servidores públicos.

De realizarse algunas de las acciones previstas, la misma norma establece las sanciones que se le podrán imponer a los particulares, las cuales van desde una sanción económica, la inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, la suspensión de actividades, hasta la disolución de la sociedad respectiva

Sin embargo, la nueva LGRA contempla también medidas de mitigación y reducción de riesgos para los particulares, las cuales son conocidas como Políticas de Integridad.

Para conocer más del tema, la Comisión de Asuntos Jurídicos de CANIFARMA realizó una sesión especial junto con integrantes de las Comisiones de Asuntos Fiscales, Abasto y las secciones de dispositivos médicos (PAPS y RSD) e INFARVET, en la que estuvo presente el Lic. Jaime Chávez Alor, Titular de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para explicar los alcances que tendrá la implementación de la Política de Integridad al interior de las organizaciones.

El objetivo de la implementación de una Política de Integridad en las organizaciones, es el concientizar a los integrantes de esa organización sobre los riesgos que implicaría para la misma, el actuar de manera corrupta, principalmente en las relaciones que mantenga la Organización con el Gobierno.

Además de esto, la LGRA establece en sus artículos 21 y 25, que los particulares deberán contar con Políticas de Integridad, con el fin de mitigar los riesgos y reducir las sanciones establecidas en la propia Ley para cuando se cometan actos vinculados  con  faltas  administrativas  graves y los mismos sean  realizados  por  personas  físicas  que  actúen  a  nombre  o  representación  de  la  persona  moral  y  pretendan  obtener  mediante  tales  conductas  beneficios para dicha persona moral.

Sin embargo, en  la  determinación  de  la  responsabilidad  de  las  personas  morales  a  que  se  refiere  la LGRA,  se  valorará  si estas  cuentan  con  una  Política  de  integridad.

Contar con esta política, como lo destacó nuestro funcionario invitado, podría significar la reducción de las sanciones hasta representar un 70% del monto establecido (el máximo que establece la ley es una multa de 113 millones de pesos, o el doble del beneficio obtenido de un acto de corrupción), además de ayudar a que no se opte por la disolución de la organización que haya sido sancionada, sin embargo, esto no significa que no se le impondrá sanción alguna a las personas morales.

En caso de que se constituya un delito, la Secretaría de la Función Pública está obligada a darle vista al Ministerio Público.

Para el caso de las sanciones a las personas físicas que haya actuado a nombre y representación de las personas morales, las sanciones deberán establecerse de manera interna en la organización, dejando abierta la posibilidad de denunciar los posibles delitos ante las autoridades correspondientes.

¿Qué elementos componen una política de integridad?

Según el artículo 25 de la LGRA, se considerará Política de Integridad aquella que cuenta con los siguientes elementos:

  1. Un Manual de Organización y Procedimientos que sea claro y completo.
  2. Un Código de Conducta debidamente publicado y socializado entre todos los miembros de la Organización.
  3. Sistemas adecuados y eficaces de control, vigilancia y auditoria.
  4. Sistemas adecuados de denuncia, tanto al interior como al exterior de la Organización.
  5. Entrenamiento y Capacitación al personal respecto de las medidas de integridad.
  6. Políticas de Recursos Humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad de la Organización.
  7. Mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia y publicidad de los intereses.

Con la finalidad de contribuir a la implementación de esta Política de Integridad, la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés, desarrolló el documento “Modelo de Programa de Integridad Empresarial”, el cual establece recomendaciones, sugerencias, buenas prácticas y lineamientos para la correcta implementación de la Política en la Organización.

De igual manera y en un corto plazo, la SFP podrá emitir certificaciones a aquellas Organizaciones que cuenten con una Política de Integridad al interior.

El papel del Gobierno

El funcionario destacó que la Administración Pública cuenta con 298 Comités de Ética, así como con un Código de Ética para los servidores públicos, los cuales están siendo capacitados de igual manera ente la entrada en vigor del SNA, ya que también la LGRA contempla sanciones más fuertes para aquellos servidores públicos que cometan actos de corrupción.

Por otro lado, se destacó que la Ley al ser General aplica para todos los niveles de Gobierno, incluyendo el Federal y Municipal, además de que la SFP podrá auditar a dichos niveles de gobierno cuando los mimos manejen recursos federales.

Sin duda, contar con sistemas de prevención internos es importante no solo para que en caso de que una Organización se vea envuelta en algún procedimiento que implique al investigación de un acto de corrupción, se vea reducida la sanción, sino para generar una cultura de integridad y de cumplimiento en la misma, sumando y abonando al esfuerzo ciudadano de combate a la corrupción.

Les compartimos la liga donde podrán consultar el Modelo de Programa de Integridad Empresarial, realizado por la UEEPCI:

Alejandro Córdova Motte

Alejandro Córdova Motte

Gerente de Seguridad y Abasto

Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica