Hacienda y Salud deben resolver, urgente y efectivamente, el desabasto de medicamentos para niños con cáncer: ordena Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

“Vamos a cumplir dos años batallando con esto (…) hemos presionado a todos los niveles de gobierno para que surtan”, afirma Israel Rivas, líder de los padres de familia de niños con cáncer, en el reportaje «El desabasto, una condena para los niños con cáncer» del número 2285 de la revista Proceso.

La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, trajo consigo un nuevo modelo de compras de medicamentos que, hasta la fecha, no ha dado buenos resultados. Fue el 30 de noviembre del 2018 cuando se dio el primer paso para la creación de la oficina central de compras, con la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que facultaba a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como responsable para planear, establecer y conducir la política general de contrataciones públicas, mientras que la Oficialía Mayor sería la encargada de centralizar todas las compras del Gobierno, incluidas en ellas los medicamentos.

El primer ejercicio, la compra centralizada del segundo semestre de 2019 (LA-012000991-E82-2019), se realizó a pesar de que se tenía asegurado el abasto conforme la licitación consolidada de 2018 -la última coordinada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- como una medida para evitar que el abasto de medicamentos se viera afectado por la transición de Gobierno, como generalmente ocurría; sin embargo, argumentando un “legado de corrupción, opacidad y malos manejos”, la Oficial Mayor, en ese entonces Raquel Buenrostro, realizó la compra que dio como resultado que el 63.7% de las claves convocadas se declararan desiertas, es decir que de los 1,049 diferentes tipos de medicamentos requeridos, no se lograra proveeduría para 668. Cabe mencionar que en la licitación de 2018 las claves desiertas solo fueron del 8%.

Para el segundo ejercicio, la compra consolidada de 2020 (LA-006000993-E4-2019), la Oficialía Mayor anunció el 17 de octubre de 2019, que dicha compra se realizaría en dos procedimientos: licitación pública y adjudicaciones directas para los grupos terapéuticos de cardiovasculares, metabólicos (diabetes), antibióticos, planificación familiar, hematológicos, hepatitis C, antirretrovirales, vacunas y finalmente, oncológicos. 

De acuerdo con el calendario presentado por las autoridades, todas las adjudicaciones directas se resolverían entre octubre y noviembre, de manera específica el grupo de medicamentos oncológicos se adjudicaría entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, sin embargo; “el proceso para comprar oncológicos se dio prácticamente en marzo y abril” de este año, lo que ha ocasionado que “cada institución resolviera como pudiese” este desabasto. Dichas afirmaciones, provienen del director general de la consultoría Instituto Farmacéutico (INEFAM), Enrique Martínez Moreno, en el reportaje “Gastan lo mismo, pero compran la mitad de medicamentos contra el cáncer” del medio Latinus en el que se informa que, durante el primer semestre de este año el Gobierno ha comprado 56% menos de medicamentos oncológicos que el año previo, y lo peor con presupuesto similar al del 2019, $2,918 millones de pesos versus $3,057 millones de pesos.

Ante la falta de soluciones reales, los padres de los niños con cáncer y los médicos han tenido que recurrir al sistema judicial. El ejemplo más reciente es el amparo humanitario impulsado por la Agrupación Mexicana de Onco Hematología Pediátrica (AMOHP) que agrupa a oncólogos y hematólogos pediatras que laboran en diversos hospitales públicos y que han hecho diversos llamados -sin respuesta- a las autoridades alertando de la gravedad de las consecuencias de que los niños con cáncer no reciban sus tratamientos en forma y tiempo, por lo que, a través de las organizaciones Impunidad Cero y Justicia Justa, se logró que el 18 de agosto, el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ordenará a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, así como a su Oficialía Mayor a realizar todas las acciones o gestiones pertinentes de manera urgente y efectiva, para programar el suministro de medicamentos oncológicos para 260 niñas, niños y adolescentes con cáncer del Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con Luis Pérez de Acha, director de Justicia Justa -la organización litigante del amparo- esta acción fue necesaria porque no existe la conciencia en nuestras autoridades de su responsabilidad en la materia, “en tres ocasiones el juez federal que lleva el amparo le ha pedido a la Secretaría de Salud, a la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda y al Secretario de Hacienda que demuestren qué han hecho para comprar los medicamentos, y realmente la información que han presentado es patética, primero porque no han hecho nada y entre ellos se aventaron la bolita y afirman en documentación oficial que ellos no son responsables de la compra de medicamentos, eso si provoca”, declaró recientemente en entrevista para WRadio.

La resolución 188/2020 del Tribunal, difundida por la revista Proceso, sienta un precedente que se espera ayude a más pacientes y médicos: “Este Tribunal Colegiado estima que lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja y conceder la suspensión de plano a la asociación quejosa para el efecto de que las autoridades responsables desarrollen de manera urgente y efectiva todas las acciones o gestiones que resulten pertinentes (…) incluso ante diversas instancias, dentro de su ámbito de atribuciones, que permitan que se programe el suministro de medicamentos y otros insumos esenciales a los agremiados de la quejosa que laboran en hospitales públicos para los tratamientos oncológicos para el cáncer infantil y en concreto para el Hospital de Especialidades Pediátricas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para que en esas instituciones se garantice el derecho a la salud, que implica la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para el tratamiento de cáncer”.

Cabe resaltar que esta es la primera ocasión que, mediante un recurso legal se señala a las Secretarías de Salud y de Hacienda y Crédito Público, así como a su Oficialía Mayor, para que asuman su responsabilidad sobre el tema de las compras de medicamentos, pues así lo establece la legislación vigente que ellos mismos impulsaron, por lo que, de no acatar la orden, podría representarles cargos penales.

Esta lamentable situación exhibe lo inoperante que ha resultado el modelo y la gestión de compras públicas de medicamentos realizado por la actual administración. Debe resolverse de manera urgentemente, pero, sobre todo estructuralmente, pues solo así evitaremos que el caso de los medicamentos oncológicos se repita con los fármacos destinados a otras enfermedades.