Han pasado veinte meses desde que el virus SARS-CoV-2 comenzó a extenderse por todo el mundo. De manera oficial, aunque subestimada, las cifras reportadas por la Organización Mundial de la Salud, indican que más de 200 millones de personas se han infectado y más de 4 millones han fallecido hasta el momento.
No hay duda alguna que el mundo no estaba preparado para enfrentar un meteoro de estas proporciones, haciendo evidente la carencia de las capacidades necesarias para prevenir, detectar y atender los casos de COVID-19, provocando un brutal impacto en los sistemas de salud, los que hemos visto ser rebasados y colapsados, incluso en los países que contaban con los sistemas sanitarios más sofisticados.
México forma parte del 90% de los países que, según informa la ONU, reportan interrupciones en los servicios de salud esenciales. “En 2020, las consultas para siete enfermedades cayeron 48.6%, lo que significó 42.2 millones de consultas menos que en 2019. Aunado a una menor atención, el gasto de bolsillo de los hogares se incrementó en 40% de manera general y 68% en el concepto de pago por medicamentos, al pasar de $376 pesos en 2018 a $632 pesos en 2020. El aumento de 9.1% en el presupuesto de 2020 respecto a 2019 no procuró la atención de enfermedades distintas a la COVID-19, ni la protección financiera a las personas, ya que 5 millones de personas más tuvieron que pagar por medicamentos y consulta”, como lo reporta la más reciente investigación en materia de salud, hecha por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C. (CIEP).
Para el CIEP, el mayor reto del país está en mantener los servicios preexistentes de salud, pues las implicaciones de las interrupciones realizadas en la prestación de servicios de salud, se observarán en el corto y mediano plazos, acarreando mayores consecuencias en los segmentos poblacionales más vulnerables.
Es por ello que la respuesta de las autoridades de salud debe ser contundente y consistente, ya que sumado al reto que significa la atención de los casos de COVID-19, está el rezago histórico de personal, insumos e infraestructura, entre otros más que lastran al sistema de salud, y que solamente pueden enfrentarse asignando los recursos necesarios.
Adicionalmente, deben atenderse los problemas que impiden garantizar el acceso universal a los servicios de salud, sobre todo a la población que no cuenta con afiliación a las instituciones públicas de seguridad social (IMSS, ISSSTE federal o estatal, Pemex, Ejército o Marina), o a servicios médicos privados, los que como se recordará, serían atendidos por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el que sustituyó al Seguro Popular a partir del primero de enero de 2020.
Algunos datos duros sobre el impacto de la pandemia en México.
Interrupción de los servicios de salud
- Durante 2020, las consultas para siete tipos de enfermedades y embarazo cayeron 48.6% y 35.3%, respectivamente, versus el año inmediato anterior.
- En términos absolutos, las consultas para otras enfermedades en 2020 se redujeron en 5.4 millones, seguidas por las consultas a sanos y transmisibles con 4.1 y 3.2 millones de menos consultas, comparándolos con 2019.
- Las consultas de embarazo trimestral gestacional y embarazo adolescente disminuyeron 37.2% y 35.4%, respectivamente.
- 6 de cada 10 consultas no realizadas fueron consultas subsecuentes. En 2020, las consultas subsecuentes cayeron 51%, al pasar de 52.3 millones en 2019 a 25.6 millones en 2020. También, las consultas subsecuentes de salud bucal tuvieron la mayor caída en términos porcentuales, 72.2% menos consultas. En términos absolutos, las consultas a sanos fueron 8.7 millones menores, seguidas por las consultas de otras enfermedades, y crónicas con 7.3 y 4.9 millones consultas menos que en el 2019.
- Las hospitalizaciones disminuyeron 36% entre los dos últimos años (2019-2020), mientras que los procedimientos quirúrgicos cayeron 33%.
Aunque todas las entidades federativas tuvieron reducciones en las consultas de primera vez y subsecuentes, está consignado que Guerrero presentó la caída más acentuada en consultas de primera vez y subsecuentes, con 75.5% y 80.4% menos. En contraste, Michoacán presentó una reducción de 5.9% en consultas de primera vez y Guanajuato de 36.6% en las consultas subsecuentes.
Incremento en el gasto de bolsillo: gastos en atención primaria, atención hospitalaria y medicamentos
- Ante la caída de las tasas de atención del sistema público en un 57%, el gasto de bolsillo promedio per cápita se incrementó en 40%, pasando de $2,358 pesos en 2018 a $3,299 pesos en 2020. Para el primer decil de ingresos (menores ingresos), el gasto de bolsillo aumentó 68.3%.
- El mayor incremento porcentual se ubica en el rubro de medicamentos, el que se incrementó en el 68%, al pasar de $376 pesos en 2018 a $632 pesos en 2020.
- En particular, en 2020, 41.5% de las personas que recibieron atención en la SSa tuvo que realizar algún gasto de salud; 14.5% tuvo que pagar por medicamentos, 11.5% por medicamentos y consultas, y 6.6% por estudios médicos (INEGI 2019).
- En 36.5% de los casos, la atención no fue otorgada por la SSa, teniendo como razones, los siguientes: 24.8% de los casos por falta de médico, 22.1% por otra razón, 18.4% por que la unidad estaba cerrada y 17.4% porque no quisieron atenderla. De 2018 a 2020, se incrementó en 8.5% el número de personas que contestaron “unidad cerrada”.
¿Cómo se ejerció el gasto público en salud?
- Las reasignaciones de gasto fueron heterogéneas entre los subsistemas de salud.
- Aunque en 2020 el gasto público en salud ascendió en 704 mil 227 mdp (22 mil 489 mdp más que el monto aprobado), equivalente a 0.097 puntos PIB, no se vio reflejado en mayores recursos para salud.
- En este contexto, el presupuesto para pago de nómina aumentó 2.5% respecto al monto aprobado de 2020; materiales y suministros, y transferencias aumentaron 9.7% y 13.2%, respectivamente. En contraparte, el gasto de operación, la inversión en salud y la adquisición de bienes muebles e inmuebles disminuyeron en conjunto 10 mil 901 mdp.
- Los subsidios a entidades federativas y a la prestación de servicios públicos recibieron mil 978 mdp y 12 mil 477 mdp menos de lo aprobado, respectivamente.