El trabajo infantil, un pesado lastre que impide el desarrollo pleno de 3.7 millones de seres en nuestro país, quienes serán adultos con carencias

Con motivo del Día del Niño, el pasado 30 de abril publicamos una nota en la que abordamos con preocupación los grandes pendientes sociales y sanitarios que históricamente se tienen en México con la niñez y la adolescencia.

Es penoso constatar que a pesar de que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, particularmente en la Convención sobre los Derechos del Niño, y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se contemplan los siguientes ocho derechos fundamentales: a la vida, a la educación, a la alimentación, a la salud, al agua, a la identidad, a la libertad, y a la protección, estos están lejos de ser una realidad cotidiana para los millones de estos seres que inician su camino en la vida remando duramente contra corriente.

En este contexto, consideramos relevante darles a conocer algunas de las conclusiones del informe: “Trabajo infantil y gasto público: Inversión para prevención y erradicación”, elaborado por los investigadores del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) sobre este sensible tema.

Trabajo infantil: Cualquier actividad que prive a los menores de su niñez, su potencial, y su dignidad, perjudicando su desarrollo, físico, y psicológico.

El primer punto a destacar es que, lejos de lo que podría esperarse ante la magnitud y gravedad de este problema que afecta el desarrollo de niños y adolescentes menores de edad, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025 consigna la adjudicación de 93.7 millones de pesos (mdp) destinados a las Unidades Responsables (UR) de realizar acciones contra el trabajo infantil en México, un retroceso presupuestario que representa una disminución real de 7.9 % respecto a lo aprobado para 2024; y no solo eso, sino que en 2024, y de manera totalmente inexplicable, solamente se ejerció el 58.6 % de los recursos asignados, mostrando la brecha entre la planeación financiera y la ejecución efectiva.

Para dimensionar el problema, les comentamos que 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes (NNA) de entre 5 y 17 años en nuestro país (lo que representa el 13.1% de la población de ese grupo etario) sufren el yugo del trabajo infantil, y por si fuera poco, los que más lo sufren son los que viven en situación de pobreza, exclusión social, y con acceso limitado a la educación, a la salud y a servicios básicos.

A nivel global, 130 millones de niñas, niños y adolescentes se ven obligados a realizar trabajos que atentan contra su desarrollo físico, educativo y emocional.

Los investigadores del CIEP aseguran que la lacra del trabajo infantil contribuye a repetir los ciclos de pobreza y desigualdad social, impactando de forma particular, y como ya lo mencionamos, a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, lo que a futuro se traducirá en una fuerza laboral menos calificada y menos sana, acarreando mayores costos para los sistemas de salud, educación y protección social.

El artículo 123 de la Convención sobre los Derechos del Niño prohíbe el trabajo a menores de quince años, y regula las condiciones para adolescentes trabajadores, asignando a las autoridades la responsabilidad de prevenir y sancionar estas prácticas, lo que lamentablemente es, cuando menos en 3.7 millones de casos, letra muerta.

Lejos de disminuir el número de niños y adolescentes de entre los 5 y 17 años que se ven expuestos a actividades y responsabilidades laborales dentro y fuera de casa que atentan contra su desarrollo, el INEGI asegura que esta cifra se incrementó en 2022 el 1.7 % versus el año 2019, lo que muestra la necesidad inaplazable de actuar decididamente, y con los recursos financieros y humanos suficientes, contra este problema.

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI), el 60.2 % de quienes realizan actividades laborales inadecuadas para su edad son en su mayoría varones, versus el 39.8 % de niñas, principalmente porque la mayoría de las niñas se encuentra involucrada en las actividades domésticas.

Es lamentable saber que tres de cada diez de los NNA que se ven obligados a trabajar, no asisten a la escuela, acentuando aún más el rezago que los grupos socioeconómicamente desfavorecidos sufren.

Como en otros muchos temas, es inaplazable que el estado asuma sus responsabilidades y compromisos con la niñez y la adolescencia, impidiendo que los niños, niñas y adolescentes realicen actividades laborales injustas, sometidos a relaciones de abuso que les impiden vivir con plenitud, alegría y salud, condenándolos a una juventud y adultez precarias.