La vacuna contra la desigualdad CIEP | FUNDAR | OXFAM

La COVID-19 ha evidenciado y profundizado el rezago preexistente en salud, empleo y programas de seguridad social, los que no han sido abordados adecuadamente por la actual administración.

El pasado 25 de mayo, y como resultado de la alianza colaborativa entre el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP); FUNDAR Centro de Análisis e Investigación y OXFAM (Oxford Committee for Famine Relief), se dio a conocer a través de un seminario virtual, el interesante documento “La vacuna contra la desigualdad”, del que les damos a conocer los datos, las conclusiones y las propuestas más relevantes.

El objetivo primario del estudio se centró en la realización de un análisis formal y cuidadoso sobre la afectación que la pandemia del COVID-19 ha provocado en los ciudadanos mexicanos, atendiendo a una amplia visión de género y de derechos humanos, enfocándose particularmente en los segmentos poblacionales que históricamente han estado, y siguen estando, marginados y discriminados.

Más allá de consignar únicamente los impactos negativos que la pandemia ha ocasionado a la calidad de vida y expectativas en estos segmentos poblacionales, los autores elaboraron una serie de recomendaciones para el poder ejecutivo y el legislativo, enfatizando la impostergable necesidad de abatir las inequidades que permitan impulsar un desarrollo sostenido, además de paliar los estragos sufridos por la pandemia.

Entre otras sugerencias, los autores proponen la realización inmediata de una Reforma Fiscal progresiva, entendiendo que de acuerdo con datos proporcionados por el Banco Mundial, alrededor de 200 millones de personas a nivel global entrarán en pobreza a causa del COVID-19, situación que incluye también a nuestro país.

El informe documenta que los estragos asociados a la pandemia han afectado con mayor dureza a las mujeres, las que además de afrontar en la mayoría de los casos el cuidado familiar y también el de enfermos en casa, han visto disminuidos, o incluso perdidos, sus ingresos laborales.

34% de las mujeres perdieron su empleo, frente al 26% de los hombres.

Otros de los enormes pendientes gubernamentales son la implementación efectiva y sostenida de políticas sociales que respalden a quienes han perdido su empleo y sus ingresos, apoyándolos con seguros de desempleo efectivos.

Con respecto a la salud, anotan que nuestro sistema de salud está fragmentado, es inoperante, y tiene históricamente insuficientes niveles de inversión, lo que impide, o cuando menos inhibe, el acceso oportuno, respetuoso y libre a servicios integrales de salud, así como la obtención de fármacos de calidad para quienes más los necesitan, además de mostrar fehacientemente, que los niveles de letalidad de la infección por coronavirus, son sustancialmente más elevados en hospitales estatales, que en los privados.

Por otra parte, la falta de calidad preexistente en los modelos educativos a cargo del estado, agudizada por la suspensión total de las clases presenciales, el fallido intento de paliar su falta a través de la tecnología, en un contexto poblacional con enormes carencias en esta área, así como las enormes tasas de abandono escolar, crean un vacío en la formación de los jóvenes, imposible de afrontar exitosamente con las estructuras actuales.

“Las desigualdades existentes en materia de brecha digital, acceso a internet y equipo de cómputo, dificultan a miles de familias mexicanas para que sus hijos puedan continuar con la educación. Estos retos no son nuevos por supuesto, pero su atención se hace urgente si queremos prevenir una mayor desigualdad en un país que ya es de por sí, uno de los más desiguales del mundo”. La vacuna contra la desigualdad.

Por su parte, Alexandra Hass, Directora Ejecutiva de OXFAM México, aseveró: “A pesar del tamaño de su economía, México solo recauda el 16% de su PIB en impuestos, un monto de los más bajos en América Latina, ello llevó a plantearnos la necesidad de establecer cambios en materia fiscal que permitan atender las necesidades de gasto con impuestos progresivos. Se requieren de políticas públicas que acaben con los privilegios fiscales, y la excesiva acumulación de la riqueza por parte de una élite económica que ante la crisis, ha seguido creciendo”.

Efectos de la COVID-19 en el mercado laboral

2.1 millones de personas quedaron excluidas del mercado laboral, de las que el 57% (1.2 millones) fueron mujeres, a las que les será sustancialmente más complejo reintegrarse a la actividad productiva remunerada,
Se perdieron aproximadamente 1 millón de puestos laborales formales de enero a julio del 2020,
Además de las labores domésticas y de la atención a los enfermos que realizan muchas mujeres, su participación laboral en los sectores relacionados con educación, salud, servicios de alojamiento temporal, bebidas y alimentos y comercio al por menor, fueron algunos de los más afectados durante la pandemia,
Hay 4.1 millones de personas preparadas para incorporarse al mercado laboral, pero que no lo hacen por estar a cargo de familiares. De esta cifra, el 85% son mujeres.

Efectos preliminares en pobreza y desigualdad ocasionados por la pandemia

Del primer al tercer trimestre del 2020, el porcentaje de personas cuyo ingreso laboral por persona es inferior al de la canasta alimentaria, se incrementó del 35% al 44% de la población nacional, un máximo histórico desde el 2005.

Dependiendo de la tecnología de ponderación utilizada, las cifras de las personas adicionales que en la actualidad están por debajo de la línea de pobreza, oscila entre los 5.6 y los 11.2 millones de personas.

Desafíos en salud

Del 2010 al 2021, se asignó entre el 2.5 y el 2.9% de PIB a las instituciones de salud, lo que está por debajo de la mitad del porcentaje recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS),
Con la pandemia, se debería haber incrementado casi 1 punto del PIB (0.94) para fortalecer los recursos materiales y humanos de atención sanitaria, pero solamente se asignó el 0.09 del Producto Interno Bruto, a un presupuesto de por sí insuficiente
El número de derechohabientes se incrementó, pero no los presupuestos per cápita para su atención
Durante el primer trimestre del 2020, y ante la interrupción de los servicios primarios de salud, las consultas cayeron 47%,
El gasto de bolsillo de las familias se ha incrementando, hasta llegar a un promedio del 36%,
Ante la carencia de fondos extras para atender la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia, el gobierno utilizó los recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (FSB), creado originalmente para la atención de enfermedades crónicas y por lo tanto altamente onerosas para las familias, mismas que podrían constituirse fácilmente como gasto catastrófico. Desgraciadamente, para el segundo semestre del 2020, el fondo tenía solamente el 25% de los recursos iniciales.

Efectos de la COVID-19 en los derechos sociales

Seguridad social:
- Quienes trabajan en el sector informal o se auto emplean, no cuentan con protección social como el IMSS, por lo que afrontan mayores riesgos de caer en la pobreza por gastos extraordinarios, enfrentándose a la imposibilidad de adoptar medidas sanitarias preventivas, como el confinamiento.

Salud:
- El perfil sociodemográfico y el entorno institucional determinan las posibilidades de contagio e impacto en las personas, afectando de manera desigual a la población.

Educación:
- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), estima que en total 1.4 millones de alumnos no continuarán sus estudios

¿Quienes están en mayor riesgo?
- Mujeres. Ocasionado por la crisis laboral y el cuidado a la familia;
- Mayores de 65 años. Por su exposición al riesgo, ya que la tercera parte de los adultos mayores requiere seguir trabajando para obtener ingresos, aunque éstos sean exiguos;
- Indígenas, afectados por las desigualdades estructurales que se han exacerbado en esta pandemia.

Acciones de política pública sugeridas
- Mayores estímulos económicos para proteger la estructura productiva de manera incluyente y con enfoque de género, lo que de no hacerse, ocasionará la pérdida de años de avances en la integración de las mujeres al mercado laboral.
- Mitigar el incremento de la pobreza y la desigualdad social de los grupos más vulnerables con programas sociales adicionales, asegurándose que sean sostenibles a largo plazo, como el seguro de desempleo, un ingreso mínimo vital temporal, subsidios para nóminas o transferencias directas focalizadas a la población sin seguridad social, y apoyos fiscales temporales a corto plazo.
- En el ámbito hacendario, es importante destacar que nuestro país ocupa el lugar 21 entre 25 países latinoamericanos al recaudar solamente el 16.1% del PIB a través de impuestos tributarios, lo que frena la asignación de mayores recursos para implementar políticas públicas que garanticen el derecho a la salud y la educación.
- Esto se debe no solamente a una ineficaz recaudación fiscal que anualmente disminuye, sino también al pobre desempeño redistributivo de la política fiscal de México. Para su mejora, sería necesario que fuera menos discrecional, gravando el patrimonio y los ingresos de quienes tienen mayor capacidad económica.
- El espacio fiscal se ha reducido del 6.4% en 2016, al 2.2% en 2021, entendiendo este concepto, como los recursos disponibles para la implementación de políticas públicas, después de descontar los gastos ineludibles.

Insuficientes recursos reasignados para enfrentar la crisis en 2020

0.2 del PIB adicional para apoyar a las instituciones de salud pública

0.5% del PIB para los hogares y las empresas

0.5% del PIB en préstamos para las personas desempleadas

Opciones de política tributaria que podrían ayudar a incrementar la recaudación de manera sostenible desde un enfoque de derechos humanos y reducción de las desigualdades, fundamentados en tres grandes ejes:

Primer eje:

Incrementar la recaudación al patrimonio y la riqueza.
Gravar los altos ingresos y reducir los beneficios fiscales.
Reducir la discrecionalidad y fortalecer la toma de decisiones.

Segundo eje:

Mejorar la progresividad de las tarifas del ISR.
Modificar los tratamientos preferenciales a las ganancias del capital.
Sustituir deducciones por créditos tributarios.

Tercer eje:

Regular la política de beneficios fiscales.
Regular etiquetado de impuestos.
Transparentar las declaraciones del ISR.

Desafíos en educación

A pesar de que la Ley señala que el gasto en educación debería ser del 8% del PIB, solamente se ha invertido en ello, entre el 3.4 y el 3.9%, menos de la mitad de lo requerido.
A pesar de la afectación educativa, y la urgente necesidad de paliarla, el gasto en educación no se incrementó del 2020 al 2021, no existe una estrategia definida para solventar la pérdida de clases, el abandono escolar, y disminuir la brecha digital, ni los bajos o nulos niveles de aprendizaje.
La única medida gubernamental para la educación no presencial es el programa “Aprende en casa”, del que se desconoce el monto de inversión.
5.3 millones de estudiantes abandonaron su formación escolar, la mayoría son mujeres que se encontraban cursando el nivel medio superior.
Hay 62 mil 629 escuelas públicas básicas que no tienen lavamanos ni otras instalaciones higiénicas básicas, por lo que se necesitaría incrementar, cuando menos, en 10 mil millones de pesos (1.2%) el presupuesto educativo, lo que beneficiaría a 22.3 millones de educandos de nivel básico público.

Independientemente de la lectura de este artículo informativo, les sugerimos ver el video de la presentación.