Publican decreto para fortalecer industria farmacéutica nacional

Estímulos a la inversión en México

El decreto entró en vigor el 3 de junio, y establece que la Secretaría de Salud deberá emitir los lineamientos específicos para su aplicación en un plazo no mayor a 90 días naturales contados a partir de su publicación; tiene como eje central fomentar la inversión en territorio nacional dentro de toda la cadena de producción de medicamentos, dispositivos médicos e insumos para la salud. A partir del ejercicio fiscal 2026, las compras consolidadas del sector público tomarán en cuenta, bajo un esquema de evaluación por puntos y porcentajes, si las empresas participantes cuentan con inversiones o infraestructura productiva instalada en México, o bien, si desarrollan investigación científica en el país.

Objetivos alineados al Plan Nacional de Desarrollo

Esta estrategia forma parte de una visión más amplia expresada en el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que plantea una economía moral, sustentable y con bienestar. Entre los objetivos destacan: superar el desabasto, disminuir la dependencia de importaciones, impulsar el valor agregado nacional, y garantizar el acceso universal a medicamentos y tratamientos innovadores.

Comité de Promoción y acuerdos con la industria

Además, el decreto ordena la creación de un Comité de Promoción de la Inversión Farmacéutica, que estará integrado por las Secretarías de Salud, Economía y Anticorrupción y Buen Gobierno. Este grupo evaluará propuestas de inversión y establecerá convenios con empresas para potenciar la manufactura nacional y la investigación biomédica.

Visión crítica de la industria: incentivos sí, pero con condiciones claras

Desde la perspectiva del sector privado, la iniciativa representa una oportunidad valiosa, pero no está exenta de desafíos. Rafael Gual, director general de CANIFARMA, considera que el decreto es un paso positivo hacia la recuperación de capacidades productivas y científicas del país, siempre y cuando se acompañe de certeza jurídica, pagos puntuales a la industria y reglas claras. Advirtió que aún existen adeudos por más de 23 mil millones de pesos, así como un rezago significativo en autorizaciones de COFEPRIS, lo cual podría inhibir la participación del sector. Además, alertó sobre el riesgo de que proveedores internacionales con precios subsidiados distorsionen el mercado, provocando incumplimientos y adjudicaciones directas.

Gual también subrayó un cambio fundamental respecto a modelos del pasado: mientras antes se exigía tener una planta en México como condición obligatoria, el nuevo decreto no impone requisitos, sino que otorga incentivos en los concursos públicos. “No se está limitando la participación. A quien no quiera invertir, simplemente no se le da el incentivo. No es restrictivo, pero sí busca fortalecer la producción nacional”, explicó. En este contexto, destacó que más allá del decreto, la planeación y la institucionalidad serán clave para transformar el potencial en resultados sostenibles.