El desabasto de medicamentos fue provocado por una fallida estrategia anticorrupción y de ahorro en medicamentos: Una investigación de Impunidad Cero y Justicia Justa.

El pasado 15 de febrero, las organizaciones civiles, Impunidad Cero y Justicia Justa, presentaron a la opinión pública el documento “Operación Desabasto: así se generó el problema de medicamentos en el país”, en el que el periodista de investigación Alejandro Melgoza y la abogada Denise Tron, hacen un recuento pormenorizado con pruebas, de las razones subyacentes que generaron, de manera no casual, el desabasto de una gran variedad de categorías de medicamentos e insumos médicos en nuestro país desde el 2018.

“A más de dos años de que el gobierno extirpó el sistema de compra consolidada de medicamentos del IMSS como parte de su plan anticorrupción, el saldo se resume en un aumento de adjudicaciones directas, falta de transparencia en las compras, procedimientos de compra incompletos y a destiempo, así como una propuesta desesperada para resolver la distribución de medicamentos liderada por una empresa paraestatal con un pasado irregular y sin un programa piloto”. Operación Desabasto.

El reportaje de investigación tardó seis meses en realizarse y se soporta en la identificación y consulta de 264 eventos como son iniciativas y reformas de ley, documentos internos (oficios y comunicaciones), amparos y recursos legales interpuestos ante las autoridades correspondientes por cientos de familiares de pacientes afectados por el desabasto, así  como 51 entrevistas a autoridades, exfuncionarios, fuentes de la industria farmaceútica, personal médico del Movimiento Nacional de Salud y otros expertos en salud pública.

Compartimos con ustedes los hallazgos más relevantes de esta investigación:

• El desabasto es producto de la mala planeación y la incorrecta implementación de las políticas públicas de la actual administración en los procedimientos de compra de medicamentos y demás insumos para la salud.

“Las decisiones de política pública que se han tomado en los últimos dos años han tenido repercusiones directas en la vida y en el acceso a la salud de miles de personas. Particularmente, las estrategias que se han tomado de manera improvisada y sobre la marcha para tratar de corregir el desabasto de medicamentos, hasta el momento, no han resuelto este grave problema, que continúa afectando a miles de pacientes en todo el país”. Operación Desabasto.

• El actual Ejecutivo Federal tomó la decisión de centralizar los procesos de compras consolidadas de medicamentos bajo la responsabilidad única de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), argumentando que con ello se reducirían costos y se combatiría la corrupción (2018).

Sin embargo, con esta decisión se ignoró la experiencia adquirida por las licitaciones consolidadas previas que, desde 2013 eran coordinadas por los funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un ente especializado en salud y se transfirió a una oficina financiera, a la que además se agrega la falta de experiencia de los nuevos responsables, generó confusiones, retrasos y desabasto en la licitación y compra de medicamentos.

“Reformas al vapor, centralización de compras sin reglas ni facultades claras, batallas con vetos, peleas entre funcionarios y juicios de amparo… ese es el resultado de una fallida estrategia de compra de medicamentos, propuesta por el gobierno en turno y nacida de la improvisación, la cual detonó el desabasto de medicamentos”. Operación Desabasto.

• El veto presidencial dictado en contra de las tres principales distribuidoras de medicamentos en el país: Grupo Fármacos Especializados S.A. de C.V. (Grufesa), Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico S.A. de C.V. (Dimesa), dañó seriamente a los mecanismos consolidados establecidos, sin que el gobierno tuviera a su alcance o alternativa real para sustituirlas (2019).Cabe destacar que, como respuesta al amparo impuesto por las empresas Grufesa y Maypo, los Juzgados Décimo y Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México consideraron “improcedentes” el veto presidencial por no acreditar faltas en los contratos.

• La clausura de 7 de las 17 plantas de Laboratorios Pisa, dictada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), por el hallazgo de una supuesta bacteria en suplementos alimenticios para tratamientos oncológicos, así como la posterior sanción a la misma empresa por falta de certificación para fabricar metotrexato, ocasionaron graves afectaciones en el suministro de medicamentos oncológicos.

Al respecto, las autoridades informaron que recibieron una denuncia anónima de reacciones adversas del Hospital para el Niño Poblano. No se proporcionó mayor información sobre la denuncia.

Cabe destacar que, en marzo del 2020, el Gobierno Federal informó sobre la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República por la muerte de ocho personas por recibir heparina sódica contaminada con la bacteria Klebsiella Pneumoniae en el Hospital Regional de Pemex de Villahermosa, del que fue acusado Pisa por el ex comisionado de Cofepris, José Alonso Novelo. Sin embargo, tiempo después se comprobó que el producto utilizado no fue fabricado por dicho laboratorio.

Así mismo, en noviembre del 2020, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa suspendió las inhabilitaciones a Laboratorios Pisa y su filial Dimesa, impuestas por la Secretaría de la Función Pública (SFP)  por haber proporcionado supuestamente, información falsa para la obtención de un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

• Se han incrementado exponencialmente las adjudicaciones de compras directas, la realización de contratos inexplicables, y la falta de transparencia.De acuerdo con información consultada por Impunidad Cero y Justicia Justa, se pasó de 9 mil 675 millones de pesos en contratos públicos adjudicados directamente en 2013, a 21 mil 047 mdp en 2019, siendo el 2019 el más alto hasta el momento.

• La decisión de ignorar la participación de la Industria Farmacéutica establecida en nuestro país, y realizar las licitaciones y compra de fármacos y materiales de curación, primero a través de la SHCP y después por conducto de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), argumentando que con ello se combatiría la corrupción, se alcanzaría una total transparencia y se generarían importantes ahorros, no ha sido así. Hasta el momento, el problema del desabasto de fármacos sigue sin resolverse, generando además costos adicionales, como el pago que se realizará a la UNOPS, por asumir una función que anteriormente realizaba el IMSS.

“Fuentes de la industria farmacéutica consultadas desconocen la razón de lo que consideraron un «manotazo presidencial» sin sustento jurídico”. Operación Desabasto.

• El tema de la distribución especializada de fármacos sigue sin ser resuelta. Aun con la designación de la empresa Birmex como el ente distribuidor de medicamentos del Estado, se carecen de planes concretos y de análisis que respalden además de direccionar su adecuada ejecución.

Después de seis meses de esa designación, a través de un comunicado de prensa del 18 de febrero, Birmex informó que se encuentran en construcción cuatro Centros Nacionales de Distribución que serán punto de recepción e inspección de insumos médicos para su envío a las más de 25 mil unidades médicas en territorio nacional. Sin especificar fecha de operación, expertos y distribuidores consultados por Impunidad Cero, consideraron que contar con una infraestructura  que opere completamente la distribución, tardará al menos lo que resta del periodo del gobierno actual.

Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia matutina del 16 de febrero, mencionó que el problema del desabasto se debe a  “la gran corrupción en la compra de medicamentos”; sin embargo, conforme lo comunicó en su cuenta de twitter la organización Impunidad Cero, “la perseverancia en erradicar un problema no puede justificar la afectación a la salud, e incluso a la vida, de miles de personas”.