La ley contra el efecto nocivo del movimientos antivacunas.

El año pasado contemplamos azorados y altamente preocupados el resurgimiento de brotes epidémicos de diversas enfermedades perfectamente evitables con las vacunas, las que a lo largo del transcurso de la historia de la ciencia médica han demostrado con creces su alta efectividad e inocuidad.

Sin embargo, estos nuevos y peligrosos brotes no son fruto de la casualidad, ni de algún designio agorero que anticipa el ocaso de la humanidad, para nada. Desgraciadamente son producto de un número cada vez mayor de personas influidas por los movimientos antivacunas, las que voluntariamente y sin medir los riesgos que asumen, han dejado de proteger a sus hijos, exponiéndolos a ellos, a su comunidad y en mayor escala a la humanidad, a sufrir el desarrollo de pandemias que podrían acarrear costes humanos y financieros incalculables.

Al respecto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que es necesario alcanzar una tasa vacunal que oscile entre el 90% y el 95% para controlar y evitar el rebrote de ciertas enfermedades prevenibles, como podrían ser: cáncer cervical, difteria, hepatitis B, sarampión, parotiditis, tos ferina, neumonía, poliomielitis, enfermedades diarreicas provocadas por rotavirus, rubéola y tétanos.

El prejuicio contra la vacunación se remonta a 1988, cuando el cirujano Andrew Wakefield, consiguió que la revista The Lancet publicara los resultados de un estudio, en el que falsamente “demostraba” que las vacunas, particularmente la triple viral (sarampión, rubéola y paperas), propiciaban el desarrollo de autismo y enterocolitis. Seis años después, el periodista Brian Deer, publicó una extensa y sólida investigación, con la que demostró la existencia de un serio conflicto de intereses y la complicidad de Wakefield con un grupo de abogados que litigaban contra los laboratorios productores de vacunas, tratando de obtener pingües ganancias. Posteriormente, una investigación realizada por el Consejo Médico General del Reino Unido encontró a Wakefield culpable de 32 acusaciones, por lo que eliminaron su registro médico y lo privaron de la licencia para ejercer la medicina en el Reino Unido. The Lancet se retractó doce años después, pero el daño estaba hecho.

Para darnos una idea más precisa del impacto generado por las insuficientes tasas de vacunación, se observó que durante el primer semestre del 2019 se confirmaron más casos de sarampión que en cualquier otro año desde el 2006. Desde enero del 2019, los sistemas sanitarios internacionales han registrado más de 364,808 casos de sarampión en 182 países, cifra que prácticamente triplica los asentados durante el mismo periodo del año inmediato anterior, pero que según los expertos no representan la verdadera magnitud del problema, ya que estiman que solamente el 10% de los casos son documentados.

Sin embargo, hay ocasiones en las que ante la gravedad del problema no es posible esperar al convencimiento. El año pasado en la ciudad de Nueva York, y para enfrentar el brote epidémico de sarampión cuyo origen se encontró en las comunidades judías ortodoxas de esa ciudad, Andrew Cuomo, gobernador del estado, firmó una ley que invalida permanentemente el uso de argumentos religiosos como excusa para evitar la vacunación.

Por otra parte, el Gobierno Italiano aprobó hace tiempo, una ley que obliga a los padres de familia o tutores responsables de los menores a vacunarlos, bajo amenaza expresa de no recibirlos e incluso expulsarlos de colegios y guarderías públicas, sino demuestran que han cumplido con las inmunizaciones requeridas.

Es evidente que los partidarios de los movimientos antivacunas han reaccionado duramente contra estas medidas, argumentando que la decisión de vacunar o no vacunar a sus hijos pertenece exclusivamente a su esfera privada, y aunque de alguna manera es cierto, el impacto de no hacerlo alcanzaría potencialmente a un número tan elevado de personas más allá de su entorno familiar, que es imposible equiparar una decisión de este tipo con cualquier otra, como podría ser la elección de un corte de pelo o la realización de una perforación o un tatuaje, por poner algunos ejemplos.

En este caso específico, nos parece razonable privilegiar el “bien común” sobre el “bien privado” o el “bien personal”, entendiendo que una decisión de este tipo impactará a muchas más personas que la que decide.

Es por ello que algunas autoridades sanitarias han determinado que es imposible esperar a conseguir las tasas de vacunación necesarias a través del convencimiento, sino a través de la aplicación estricta de leyes que las obliguen a hacerlo, incrementando el número de infantes protegidos en el menor tiempo posible.