“El cambio en el esquema público de adquisición de medicamentos que buscaba reducir los costos de compra y ampliar los servicios de salud no logró sus objetivos. La fragmentación en los contratos, las compras de urgencia y el aumento de precios de los medicamentos fueron algunas de las consecuencias concretas.” IMCO
A través de varios artículos publicados en este medio a lo largo del tiempo, hemos abordado desde diferentes perspectivas, y con absoluto rigor informativo, las consecuencias de la cancelación del modelo de compras consolidadas de medicamentos que venían liderando el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el 2013, para todas las instituciones que integran al sistema de salud, y por supuesto a sus usuarios.
La cancelación del modelo de compras consolidadas que había demostrado conseguir año tras año ahorros significativos (2013-2018), y la posterior desaparición del sistema del Seguro Popular, tiene actualmente a más de 50 millones de mexicanos sin acceso a los servicios de salud y medicamentos que necesitan, ocasionandoles graves daños a su salud y economía.
Como se recordará, una vez cancelado el modelo de compras consolidadas liderado por el IMSS (2013-2018), en el que participaban funcionarios de diversas instancias gubernamentales y observadores internacionales para dar fe de la calidad y transparencia del procedimiento, la responsabilidad fue asignada a la recién creada Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda (2019-2020) permitiéndose la participación únicamente de fabricantes y licitando por separado la distribución, dio como resultado un nivel de adquisición del 40%.
Posteriormente, la Oficialía Mayor designó como consolidador al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) -que entró en vigor el 1 de enero de 2020 para sustituir al Seguro Popular- para que realizará la distribución, y éste a su vez contrató a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) para implementar la compra. Cabe mencionar que para tal fin se reformó el artículo 1° de la Ley de Adquisiciones y se firmó un acuerdo de colaboración con la UNOPS, que incluyó un pago por sus servicios, para la ejecución de las compras consolidadas de medicamentos y demás insumos para la salud para todo el sexenio; sin embargo, solo se realizó para 2021 y 2022. Dado el nivel de desabasto ocasionado por este esquema (2021-2022), el Insabi quedó nuevamente al frente.
Con la reforma del 29 de mayo, se extinguió el Insabi y sus funciones se integraron al Organismo Público Descentralizado, IMSS-Bienestar, lo que incluye participar en la contratación consolidada que será instrumentada por la SSa, así como en la adquisición y distribución de medicamentos y demás insumos asociados.
Sin embargo, la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del 4 de septiembre estableció que la Subsecretaría de la Función Pública de la SFP se encargue -entre otros- de la política general de contrataciones públicas reguladas por la Ley de Adquisiciones, la conducción y aplicación de la política general de contrataciones públicas, y ejercer la competencia de la SFP como área consolidadora de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios.
Al día de hoy, como se puede observar, existe una gran incertidumbre generada por las últimas disposiciones, por lo que el tema de las compras de medicamentos e insumos de la salud sigue sin funcionar.
Buscando establecer con la mayor precisión posible las consecuencias de este cúmulo de decisiones, el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) realizó una investigación que nos demuestra, dicho a grosso modo, que las compras de medicamentos realizadas por los diferentes actores del gobierno no solamente no consiguieron adquirir oportuna, ordenadamente, y a mejor precio, la cantidad de las claves establecidas de los medicamentos necesarios para satisfacer con solvencia la demanda, sino que los precios se vieron incrementados, y los faltantes se agrandaron, en detrimento de los presupuestos estatales asignados para este fin, pero también de la cobertura a los pacientes.
En términos llanos, se compraron menos medicamentos, y los que se compraron, además de insuficientes, resultaron más caros.
Para llegar a estas conclusiones, el equipo de investigadores del IMCO analizó 156 mil procesos de compra de medicamentos realizados por la Administración Pública Federal (APF) entre 2018 y 2022, encontrando que en la práctica, la estrategia no cumplió su propósito.
Algunas de las conclusiones plasmadas en el documento del IMCO:
- Los contratos de medicamentos se hicieron por montos más pequeños. Contrario al objetivo de las compras consolidadas que busca adquirir grandes volúmenes, lo que permite obtener precios preferenciales de mayoreo. En 2022, el 20% del monto total de compras de medicamentos se asignó a contratos de menos de cinco millones de pesos, mientras que en 2018 esta proporción fue únicamente del 5%.
- Las compras fragmentadas se traducen en márgenes de negociación más estrechos en: precios, tiempos de entrega, y volumen, entre otros.
- Disminuyó el nivel de competencia en los procedimientos de compra de salud. Los concursos públicos -que son la regla de contratación por ley- pasaron del 47% del monto de compra en medicamentos en 2018, a solo 10% en 2022.
- Adicionalmente, muchos de los procedimientos se catalogaron en Compranet como «otras contrataciones”, sin ofrecer documentación suficiente para conocer los detalles de competencia.
- La planeación de las adquisiciones, la coordinación entre almacenes centrales, regionales e institucionales, el registro de entradas y salidas de piezas, entre otros, afectó la capacidad del IMSS, ISSSTE e Insabi para proveer medicamentos, problemas que se tradujeron en la pérdida de millones de pesos en medicamentos o vacunas.
- En la práctica, la desconcentración de proveedores no logró reducir el precio de compra, ante la falta de competencia entre proveedores.
- La falta de planeación obligó a las instituciones públicas de salud a realizar adquisiciones rápidas, lo que además de ponerlas en desventaja para realizar negociaciones efectivas, ocasionó que se incrementaran los costos de atención por paciente en enfermedades de alta prevalencia, como lo es, por poner un ejemplo, el gasto promedio por paciente con hipertensión arterial en el IMSS, el que se incrementó un 25% en términos reales entre 2019 y 2022.
- La falta de planeación y coordinación de las instituciones públicas de salud, se hace evidente con adquisiciones ineficientes, descoordinación entre almacenes centrales, regionales e institucionales, y la falta de calidad en los registros de entradas y salidas de piezas.
- Los sistemas utilizados para la distribución interna de medicamentos fueron mal utilizados. Al revisar 34 contratos del IMSS del 2021, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que siete de estos contratos -con un valor total de 57 millones de pesos- no habían sido registrados en el Sistema de Abasto Institucional (SAI). Una herramienta que usada correctamente permite a la institución identificar la disponibilidad de medicamentos en cada uno de sus almacenes, facilitándole cubrir las necesidades de cada centro de atención. Esta práctica también fue observada en el ISSSTE con sus Sistemas Integrales de Abasto de Medicamentos (SIAM).
Algunas de las propuestas del IMCO para mejorar la compra de medicamentos e insumos para la salud:
- Fortalecer la política de compras consolidadas de medicamentos a través de la integración de la demanda en un sistema similar al SAI del IMSS, que permita gestionar de forma más eficiente la distribución.
- Optimizar el manejo, almacenamiento y distribución de medicamentos en el IMSS e ISSSTE, a través de garantizar el reporte en tiempo y forma de los procesos y disponibilidad de los insumos.
- Transparentar los resultados de auditorías internas dirigidas a la revisión de la adquisición y distribución de medicamentos en el IMSS e ISSSTE, por iniciativa de la Secretaría de la Función Pública, o por petición del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI), dado que se trata de información de interés nacional que está reservada o es inconsistente.
- Asegurar el funcionamiento del nuevo IMSS-Bienestar como órgano consolidador de las compras públicas de medicamentos, asignándole recursos humanos sólidos y herramientas tecnológicas a la altura de la tarea que se le encomienda.
- Desarrollar por parte de la Secretaría de Hacienda, Cámara de Diputados, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos e IMSS-Bienestar, una estrategia que asegure la disponibilidad de recursos para la adquisición de medicamentos a largo plazo y minimice el incremento del gasto hospitalario y de provisión de farmacia que se observa en instituciones como el IMSS. Esta debe considerar la maximización de rendimientos financieros de los recursos asignados al Fonsabi (y su sucesor que cambiará de nombre), lo que implica mantener la mayor cantidad de monto disponible durante el mayor tiempo posible en lugar de reducir anualmente sus fondos como sucedió en 2022-2023.
- Añadir más dígitos a las claves únicas de compra pública (CUCoP) en Compranet, con apoyo de la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que puedan identificarse patrones de contratación por medicamento, sustancia activa o patologías a las que van dirigidas las compras de medicamentos.
Por: Manuel Garrod, miembro del Comité Editorial de códigoF
Fuentes:
Instituto Mexicano de la Competitividad, A.C. (octubre de 2023).
Compras públicas ineficientes, medicamentos más caros
códigoF. (30 de marzo de 2021).
Sin planeación, oportunidad y transparencia las compras de emergencia para atención del COVID-19: IMCO
códigoF. (7 de diciembre de 2021).
Compras para abastecer medicamentos, una señal de que Insabi falló: Canifarma | La Silla Rota | Mariluz Roldán
códigoF. (27 de agosto de 2021).
El Consejo Técnico del IMSS reconoce la falta de medicamentos, y pide suspender el proceso de compras a través de la UNOPS
códigoF. (4 de junio de 2021).
La opacidad en las licitaciones y compras realizadas a través de la UNOPS, es un retroceso en la transparencia de las compras públicas mexicanas: IMCO
